Históricamente la región de México y Centroamérica ha sido un corredor para el movimiento de personas migrantes.
Históricamente la región de México y Centroamérica ha sido un corredor para el movimiento de personas migrantes.
Cada año, cientos de miles de personas cruzan cotidianamente por el territorio. En épocas recientes al éxodo de centroamericanos se unieron migrantes de Haití, África y Cuba, entre otros.
La respuesta de los gobiernos al fenómeno ha sido el desinterés -histórico, por cierto- por parte de algunos, y el uso de la fuerza en otros casos.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, desplegó a miles de militares para asegurar las dos fronteras terrestres.
Una operación de grandes proporciones que incluye a la Guardia Nacional -una corporación militarizada-, así como la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.
El presidente Nayib Bukele de El Salvador empezó el reforzamiento del Ejército, lo implica elevar la cifra de soldados a los niveles de la Guerra Civil.
La decisión pone en riesgo los Acuerdos de Chapultepec que finalizaron el conflicto armado, y que son fundamento de la democracia actual en ese país.
Por su lado Estados Unidos, el destino del flujo migratorio, virtualmente canceló sus políticas de asilo, y condenó a miles de personas a permanecer en México la resolución de sus casos.
Aires de mano dura soplan en la región para contener el creciente río humano, que abandona ciudades y comunidades por la pobreza, violencia y el desastre ambiental por el cambio climático.
Es un escenario que atrapa a miles de personas, especialmente a quienes pertenecen a grupos históricamente vulnerados.
El despliegue militar en El Salvador obliga a decenas de comunidades a vivir un exilio virtual en su propio país.
En México, el cerco militar, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, provoca abusos en contra de personas migrantes.
Las detenciones arbitrarias, acoso de autoridades por el color de la piel, violencia contra mujeres y la negación al derecho internacional de asilo se han vuelto cotidianos.
No es casualidad. López Obrador ha reconocido que la estrategia de su gobierno es evitar que el flujo migratorio se acerque a la frontera norte.
Es la primera vez que se reconoce abiertamente ese propósito, que convierte al país en el muro históricamente pedido por Estados Unidos.
Un cerco que, en los hechos, condena a miles de personas migrantes al incierto destino de vivir bajo la bota militar de México.
Foto: Duilio Rodríguez
Como nunca en la historia, México aplica una dura política de contención migratoria, que incluye el despliegue de todas las Fuerzas Armadas del país. El objetivo: impedir a las personas migrantes acercarse a Estados Unidos.
Más de 1.7 millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos bajo el programa Título 42, una medida sanitaria por la pandemia de covid-19 convertida en herramienta de control migratorio. La regulación pretende cancelarse el 23 de mayo. Pero el daño está hecho. Aquí un ejemplo.
La Guardia Nacional acumula cientos de quejas por abusos a personas migrantes. Es el riesgo de utilizar militares en tareas para las que no están preparados, advierten organismos pro derechos humanos. Aquí el infierno de Natalie, hondureña extorsionada por un elemento de la GN
La Guardia Nacional mantiene un cerco en la frontera norte del país para impedir la salida de personas migrantes que pretenden cruzar a Estados Unidos. El despliegue provoca tensiones y abusos, inclusive actuación irregular de la corporación. Un ejemplo ocurre en Ciudad Juárez. Aquí una lista de las irregularidades.
Al igual que Estados Unidos, el gobierno mexicano expulsa de manera exprés a miles de personas migrantes, muchas de ellas solicitantes de asilo humanitario. La estrategia ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos porque, en los hechos, México se convirtió en el muro migratorio que tanto reclamaron integrantes de la política estadounidense.